DIGNIDAD Y JUSTICIA / Declaración Centro Ecuménico Diego de Medellín

Estamos en situación de emergencia. Pero no igual para todos. Los más amenazados son los que están perdiendo su trabajo y su ingreso y viven en espacios estrechos, sin resguardos contra el contagio. Y éstos, son la mayoría.

El gobierno ha llamado a un gran acuerdo nacional, por encima de todas las diferencias. Le decimos al presidente que no se dan las condiciones para un acuerdo y que éste sólo puede ser legitimado en un plebiscito. Porque es el pueblo entero de Chile, con todas sus diferencias –de género, nacionalidad, raza, ingresos, educación, salud, vivienda– el que debe resolver las contiendas que hoy nos dividen. La soberanía pertenece al pueblo y no a un grupo social privilegiado.

Las diferencias que más nos dividen hoy son las de ingresos y de patrimonio. Es escandaloso e injusto que el 10% más rico de la población tenga ingresos que superan en 40 veces al de los más pobres. Es un escándalo que los más ricos oculten buena parte de su patrimonio invirtiéndolo en paraísos fiscales. Es un escándalo que la inversión de los fondos de pensiones vaya en buena parte a enriquecer aún más a los que ya son ricos, en vez de volver como pensiones dignas a quienes han cotizado para tenerlas. Es un escándalo que, para resolver el problema del hambre de los más vulnerados por el sistema, el gobierno esté repartiendo cajas de alimentos –limosna irrespetuosa de la dignidad.

Ha habido empresarios individuales que han puesto un hotel suyo al servicio de la salud pública, o han entregado apreciables sumas de dinero para importar insumos sanitarios indispensables. Pero no basta. Hay además un problema no resuelto de justicia y dignidad. Por eso apoyamos la iniciativa de gravar con un impuesto adicional la fortuna o el patrimonio de los más ricos. Sería un acto de justicia distributiva y un primer paso en la dirección de asegurar un salario mínimo –salario y no bono– a todos los moradores de Chile, aún aquellos que están sin trabajo. Un impuesto como éste se legitima en el fundamento ético de que la apropiación de bienes y la propiedad privada sólo se justifican si aportan sustantivamente a la convivencia –ésa es su función social.

En contraste, es indignante comprobar que no pocos entre los propietarios se han aprovechado de la contingencia para engrosar sus ingresos ya exorbitantes. Indignante es también saber que los señores de la droga compran con dinero el silencio, la colaboración y sobre todo la dignidad de pobladores. Desde el 18 de octubre se nos ha planteado la pregunta –y la exigencia– de la dignidad. ¿Puede haber dignidad en un país donde no hay justicia?

Si hay personas que se ven obligadas a vender su dignidad a precio tan vil, es porque su necesidad es extrema y de ese soborno, –el no-salario del indigente–, depende la salud y la vida de niños y ancianos. La responsabilidad de tal vileza no recae en ellos, sino en quienes sostienen un sistema económico donde la garantía de derechos humanos tan fundamentales, como el derecho a alimentarse, no está asegurada por el ente estatal, sino que depende de la buena voluntad, la limosna o hasta del soborno.

El pueblo entero deberá ser convocado para que –plebiscitariamente– revoque los mecanismos y las instituciones que agravan abismalmente las diferencias y dejan sin protección digna y justa derechos humanos fundamentales, como el derecho a no tener hambre. Sólo así puede tener lugar, en dignidad y justicia, un gran acuerdo nacional –o plurinacional chileno– que abarque y armonice todas las pluralidades y diferencias de género, clase, cultura, raza y nación que hoy nos dividen.